miércoles, 9 de marzo de 2016

Aquí nadie sabía nada, todos éramos tontos.


El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha comparecido este jueves en calidad de investigado ante la juez María Núñez Bolaños por el expediente de regulación de empleo –ERE- de Egmasa y ha asegurado que "parece que la Junta soy yo, aquí nadie estaba, nadie sabía, aquí todo el mundo éramos tontos".
Guerrero ha acudido a declarar por sexta vez en el marco del caso de los ERE fraudulentos tramitados por la Junta, y en este caso concreto por un presunto "desvío" de fondos públicos de la Junta "mediante su entrega" a la empresa pública Egmasa "para la financiación de su plan de prejubilaciones" derivado del ERE aprobado en 2003 y que afectaba a 373 trabajadores, ascendiendo lo pagado por la Junta a 21,6 millones de euros.
La juez Núñez también ha citado a declarar como investigados este jueves al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y al sindicalista de CCOO Antonio Perianes.
El abogado de Guerrero, Fernando De Pablo, ha explicado que el ex director de Empleo ha defendido ante la juez que eran ayudas individuales y que el ERE de Egamasa "era correcto como todos los que se han ido dando", ya que se hacía el estudio actuarial de cada empleado y se realizaban las pólizas, informa Efe.
Ha negado que hubiera un intruso en el ERE de Egmasa, ya que se trataba de un trabajador con excedencia forzosa que después se reincorpora y se le aplica el mismo convenio.
Ha recordado que siempre han negado que haya intrusos, pero que además en este caso ni siquiera era una póliza individual, a lo que Guerrero ha añadido: "Hubiera sido una discriminación no atenderlo".
De Pablo ha manifestado que en este ERE no había diferencia por tratarse de una empresa pública y ha aludido a unas declaraciones del portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, "donde decía que era correcto y que todo el mundo tenía conocimiento de Egmasa y que era un bien social", por lo que ahora "no pueden extrañarse de nada". Ha agregado que se trata de una "empresa importante", por lo que le resulta "extraño" que "nadie tenga conocimiento".

El letrado ha admitido que Guerrero era quien tenía las atribuciones para dar las ayudas pero ha recordado que la partida pasaba por el Parlamento y todos los diputados estaban "al tanto de cómo se manejaban los fondos".

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