Destaco algunos aspectos que a mí al menos me llaman la atención:
Se apuesta por forzar mayor retraso en la edad de jubilación y se aboga por "bonificar" más de lo que se hace actualmente aquellas pensiones en que se retrase su inicio de cobro. Pero, en sentido contrario, no se dice una palabra sobre los actuales coeficientes correctores (salvo el punto siguiente que comento) ni qué se hará con ellos ni cómo se va a proceder en los casos de la gente que, no sólo no quiera retrasar sino que incluso mantiene su deseo de jubilarse anticipadamente.
Se dice algo que, si yo lo entiendo bien, es falso:
"Al mismo tiempo, el ministerio quiere revisar la penalización a la jubilación anticipada que existe actualmente. La intención del Gobierno es modificar la aplicación de la norma actual que hace que las rentas altas tengan una penalización menor que las rentas bajas. En el caso de los cotizantes que alcanzan la base máxima, sufren una penalización del 2%, muy lejos del 8% que llega a aplicarse a las rentas medias y bajas. Escrivá ha señalado que "no está bien diseñada la penalización de la jubilación anticipada" y la modificará en la reforma que realice en los próximos meses."
Digo que parece falso porque, por un lado, no sé qué pinta aquí hablar de "rentas altas" ni medias ni bajas tratándose de pensiones que están limitadas a un tope máximo (pensión máxima) independiente de la renta de cada uno (puede haber gente con mucha renta inmobiliaria por ejemplo y un sueldo y base de cotización muy bajo; y lo contrario, gente que sólo tenga su sueldo, aunque cotice por la máxima base en su empleo)
Y por otro lado, ¿cómo que un 2% de penalización? ¿Alguien conoce algún caso en que le apliquen coeficientes reductores de un 2% sobre la pensión máxima. Me remito a los casos particulares de mi caso con más de 43 años cotizados, por tanto con derecho teórico a la jubilación (no anticipada) con la pensión máxima: a mí se me recortó un 24% (6%x4 años), aplicándole un 6% por año que es EL MÍNIMO que la ley preveía, hasta donde yo sé (y no un 2% como dice el sr. ministro) en los coeficientes reductores.
Pero la otra cosa interesante que reconoció, y que para mí es lo más importante de todo lo que dijo, es que si se quitasen de ahí (llevándolos al Estado en su conjunto vía PGE) los llamados "gastos impropios", que suman 22.800 M€, ¡el sistema sería viable y estable! Incluso cuando de aquí a pocos años aterrice de lleno la "temida" (por numerosa) "generación del baby-boom.
Esto me parece importantísimo, porque supone confesar DESDE EL PROPIO ESTADO, por primera vez en la vida que yo sepa, que el sistema NO ES inviable, sino que los gobiernos teóricamente muy "sociales" y sus "políticas discrecionales" son los que lo hacen inviable:
"En concreto, la fórmula para hacerlo es profundizar en lo que se conoce como la separación de fuentes, que consiste en descargar a la Seguridad Social de gastos impropios del sistema, ya que son consecuencia de políticas discrecionales que nada tienen que ver con las cotizaciones y las pensiones. El ministro ha detallado que existen hasta 22.800 millones de euros en gastos impropios, la mayor parte en forma de políticas de empleo que tienen un coste de 11.300 millones de euros. Además, la Seguridad Social financia los complementos de maternidad, que cuestan más de 1.000 millones de euros al año, las prestaciones por nacimiento y cuidado de hijos que superan los 3.000 millones de euros, o las subvenciones a los regímenes especiales en forma de reducciones que superan también los 1.000 millones de euros. A esto hay que sumarle los casi 4.000 millones de euros que cuesta el mantenimiento del servicio desde las oficinas centrales hasta la atención al público.
Si finalmente la Seguridad Social se descargara de todos estos gastos de políticas de empleo y gastos operativos, el déficit se reduciría hasta cero y sería posible afrontar la jubilación de la generación del 'baby boom' con las cuentas saneadas.
Eso sí, el déficit simplemente se trasladaría al Estado, pero no se resolvería en ningún caso. Para lograrlo, sería necesario una importante subida de impuestos o un recorte del gasto." Efectivamente, pero esa subida de impuestos sería al menos repartida de forma más equitativa entre toda la sociedad, y no sólo a base de penalizar y presionar a los pensionistas. Y en cuanto al recorte del gasto, se pasa de puntillas sobre él sin señalar "a nadie".
En el segundo artículo se detallan esos 22.800 M€ de "gasto impropio" previstos para 2023 y se dice que eso son 2.700 millones más de lo que necesita el sistema para simplemente mantenerse. O sea, que sin esos gastos impropios, ¡el sistema tendría incluso un superávit de 2700 millones en 2023!:
"Separación de los gastos impropios”.
Si no se implementan medidas, y teniendo en cuenta una revalorización de pensiones conforme al IPC real, el déficit de la Seguridad Social se mantendrá en el 1,4% en el año 2023, por lo que ha abogado por eliminar los gastos impropios que tienen "efectos devastadores" sobre la solvencia de las pensiones. En este sentido, ha apuntado que la previsión de déficit del 1,4% del PIB (20.185 millones) de la Seguridad Social en 2023, año para el que estima que los gastos impropios serían del 1,6% del PIB (22.871 millones), por la financiación de gastos impropios, permitiría eliminar el déficit previsto.
Entre las partidas, ha citado la parte de políticas no contributivas que se están financiando con cuotas (11.305 millones), las reducciones en la cotización, como las tarifas planas para autónomos (1.818 millones), la prestación por nacimiento y cuidado de hijos (2.953 millones), el complemento de maternidad (1.082 millones), las subvenciones implícitas a regímenes especiales (1.014 millones), el coste de completar las lagunas para el cálculo de la pensión (788 millones) y los gastos de funcionamiento (3.911 millones)."
