El debate sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones públicos, universales, solidarios y de reparto, se encuentra de manera interesada, manipulado, con la excusa de varios argumentos falsos. En el Estado Español conviven desde 1987, un sistema obligatorio público donde se encuentran comprendidos los dos niveles: básico (la accesibilidad al mismo se extiende a toda la población, con independencia de la contributividad realizada. Todos los estados siguen el principio de la solidaridad social), profesional: sistema contribuido por aportaciones de empresarios, trabajadores/as. Esta contribuida da derecho a unas prestaciones y un sistema libre o complementario, los denominados Fondos de Pensiones Privados.
Las prestaciones (y entre ellas las pensiones), mientras no cambie la Constitución, son sostenibles porque lo manda la Constitución (art.50 y 41 de la CE)
Todos los diagnósticos pesimistas acerca del futuro de las pensiones públicas (su sostenibilidad), además de interesadas, son tramposas, pues su argumentación de que el sistema está en crisis como consecuencia inevitable del sistema público de reparto, que debe ser sustituido por fórmulas de capitalización de las pensiones es cuanto menos erróneo.
Las causas fundamentales del déficit de la Seguridad Social son: el desempleo, empleo de baja calidad, desvaloración salarial, contratos precarios y temporales de muy corta duración, horas extraordinarias no declaradas ni pagadas, subvenciones directas a los empresarios y reducciones de sus cuotas contributivas, así como la no contribución de las rentas altas (superiores a 45.014,4 € anuales)
- La gran destrucción de puestos de trabajo, las horas extraordinarias no pagadas y, en consecuencia, no declaradas y los contratos precarios, suponen una minoración de ingresos de 32.966 M. de €
-Las tarifas planas y las exenciones de cotización empresarial (exención de cotizar hasta los 500 €) además de las bonificaciones al empleo, permite dejar de ingresar 1.500 M. de €.
El mantenimiento de los topes altos de cotización y las rentas salariales que se exoneran de cotizar asciende a la friolera de 26.775 M. de €, es decir unos 7.000 M de € al año.
Las subvenciones por bonificaciones de cuotas de la Seguridad Social han supuesto un ahorro a las empresas de 21.106 M. de €, a cambio de crear empleo precario, inestable y barato.
Las pensiones se pagan y punto y lo que la “sociedad” o mejor dicho el gobierno y los partidos políticos que son los que tienen el poder en España, tienen que decidir, es que parte del PIB (la riqueza que generamos entre todos/as) se destina a cubrir las necesidades sociales a través de lo que en nuestro estado conocemos como Seguridad Social y en que parte debe de contribuir cada ciudadano/a en función de su renta a través del sistema tributario.
Los sistemas de protección engloban: el pleno empleo, subsidios de desempleo, acceso a unos determinados niveles de consumo, educación, vivienda, seguridad social, asistencia sanitaria, dependencia, servicios públicos, etc.
Aparte de las causas del déficit de la Seguridad Social por la minoración de los ingresos, está el problema del gasto excesivo de las duplicidades administrativas, difícil de sostener por el Estado Español a la par de los sistemas de protección, necesarios y obligatorios en todos los países del mundo civilizado, como la Seguridad Social, la enseñanza y demás servicios públicos. Cuando no hay dinero para todos los gastos del Estado. Los gobiernos del Estado tienen que priorizar y elegir entre pagar unas pensiones justas y dignas a sus ciudadanos o los 17 miniestados con sus parlamentos, diputados, asesores, gobiernos, televisiones públicas, chiringuitos y subvenciones sin control a partidos políticos, sindicatos, empresarios, fundaciones y un largo etc. Pagados por todos los ciudadanos.
Duplicidades Administrativas, despilfarro del dinero público y mal administrado
Parlamentos autonómicos --------------------------------------------336 M. de €/año en 2016
Diputaciones provinciales -------------------------------------------3.000 M. de €/año
Televisiones autonómicas--------------------------------------------1.600 M. de €/año
Embajadas autonómicas-------------------------------------------------150 M. de €/año
Empresas públicas (que no sirven para nada) ------------------15.000 M. de €/año
Senado --------------------------------------------------------------------- 60 M. de €/año
Asesores, coches oficiales y prebendas-----------------------------6000 M. de €/año
Cupo Vasco y Navarro (que no pagan y deberían pagar) -----13.000 M de €/año
Subvenciones partidos políticos y derivados más de--------------200 M. de €/año
