El Tribunal Supremo ha abierto una nueva vía que facilita la regularización de los migrantes en situación irregular, entre ellos los solicitantes de asilo que han visto rechazada su demanda, la mayoría venezolanos, demostrando arraigo laboral -seis meses de trabajo en los últimos dos años- mediante cualquier medio de prueba válido en derecho, como la vida laboral. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recogido rápidamente el guante del Supremo y ya ha hecho pública la forma para llevar a cabo el proceso, que hará aflorar economía sumergida, acelerará la recuperación con la entrada de nuevos trabajadores y dará más margen para garantizar las pensiones a través de las cotizaciones de estos empleados. La fórmula que se aplicaba hasta el momento frenaba las legalizaciones por arraigo laboral, que apenas se han producido desde 2005 cuando entró en funcionamiento este mecanismo, ya que era necesario presentar una resolución judicial o administrativa de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que conllevaba una denuncia previa contra el empleador y, en el caso de estar trabajando, el despido. Sin embargo, ahora será suficiente acreditar dos años en España, seis meses de empleo en los últimos dos años y no tener antecedentes penales. Unidas Podemos y la mayoría de los grupos parlamentarios a la izquierda del PSOE presentaron en junio de 2020, en plena pandemia, una iniciativa conjunta para reclamar la regularización urgente de todos los migrantes que actualmente se encuentran sin papeles en España.
No puedo entender que un país con más de cuatro millones de parados tenga necesidad de mano de obra extranjera para que coticen a la SS y de esta forma garanticen las pensiones, como nos dicen.
No sería mejor, emplear primero a la mayor parte de parados ya residentes en España y luego si faltan puestos de trabajo por cubrir, admitir a los emigrantes de otros países ¿para qué sirve el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) o el INEM?
Dándole la vuelta a la tortilla, pregunto:
¿Por qué tanta justificación a la inmigración?
¿Acaso no se puede emplear a la gente que está en paro y de esta forma reducir el gasto Estado?
¿Qué problemas hay para hacerlo?
en el caso de que esos 470.000 extranjeros vinieran a España ¿cuántos de ellos encontrarían trabajos medio decentes y que los tuviesen dados de alta y cotizasen contribuyendo a no mermar la hucha de las pensiones?
Me temo que esto es una nueva treta del Felón de Falconeti y sus secuaces.
