jueves, 15 de diciembre de 2016

El Constitucional paraliza la convocatoria del referéndum en Cataluña.



Con frecuencia algunos grupos políticos llamados de izquierda y por su puesto los  nacionalistas, se manifiestan en contra del Constitucional o de la Fiscalía del Estado cuando desde estas instituciones se les impide llevar a cabo algunas de sus iniciativas legislativas, sobre materias que no son de su competencia, sobrepasan sus atribuciones o incumplen las leyes del estado de derecho. A estas cosas, los grupos políticos mencionados lo llaman, injerencia   en la soberanía del parlamento, que representa a un pueblo, o judicialización de la política, según el caso. Pero claro, si en España hay diecisiete autonomías, todas ellas con poder legislativo más las Cortes Generales del Estado. Cabe preguntarse ¿Quién tiene que ejercer de árbitro, de juez, entre la posible intromisión de unos parlamentos y otros? ¿Quién tiene que garantizar el estado de derecho, en toda España? ¿Quién protege al Estado de su posible destrucción y del cumplimiento de las leyes? ¿Nadie? ¿Que cada parlamento legisle sin límites de competencias o con las que ellos mismos se atribuyan? ¿Dónde vivimos, en la selva o un estado de derecho?.