Los consumidores españoles en su conjunto tienen contratada
con las distribuidoras eléctricas una potencia de 175.000 MW cuando la
capacidad instalada que tiene el propio sistema es de 108.000 MW, según datos
de REE. A esta diferencia de 67.000 MW inútilmente contratada se une además el
hecho de que la punta máxima que los clientes usaron el año pasado año fue de
unos 37.000 MW máximo (la punta de ayer fue de 35.000 MW y el máximo histórico,
registrado en 2007, no superó los 45.500 MW), lo cual demuestra que los
ciudadanos están pagando por 138.000 MW que no han aprovechado nunca, lo que se
traduce en un gasto para los usuarios muy superior a los 7.000 millones de
euros anuales, que son ingresados por el sistema eléctrico.
Hasta hace pocos años, el tener una potencia contratada
superior a la necesaria tenía una importancia relativa, pues el término fijo de
la factura no era demasiado costoso. Pero la situación cambió sustancialmente
cuando a raíz de la reforma eléctrica aprobada por el actual Gobierno en el
verano de 2013, el término fijo se revisó por dos veces (en agosto de ese año y
enero de 2014) hasta acumular una subida del 92% para los consumidores
domésticos y del 145% para los industriales. Una decisión muy criticada en su
momento por desincentivar el ahorro de energía y perjudicar en términos
relativos a los clientes de menor gasto frente a los grandes consumidores.
Estos reaccionaron a raíz de las campañas de distintas
asociaciones de consumidores (una de ellas con el nombre de
bajatelapontencia.com), lo que se tradujo durante más de un año en una bajada
importante de los ingresos por peajes del sistema que liquida la CNMC
mensualmente. De hecho, la potencia contratada (en la actualidad, los citados
175.000 MW) era muy superior en aquellos años: unos 190.000 MW. Las bajadas se
han registrado especialmente entre las pequeñas y medianas empresas y no tanto
entre los domésticos.
Pero la diferencia entre la potencia que necesitan los clientes
y la que figura en sus contadores es aún muy elevada, si bien, ni el Gobierno
ni las empresas ni la CNMC parecen dispuestos a promover bajadas hasta los
niveles adecuados, “pues harían un agujero serio a los peajes eléctricos”,
opinan fuentes del sector. Este año, según la orden de tarifas de acceso, los
ingresos previstos por el sistema suman 16.995 millones de euros, de los
cuales, 13.464 millones procederán de los peajes de acceso (que pagan los
usuarios en la factura) y, el resto, a aportaciones del Estado de impuestos
extraídos también del sector.
Un estudio elaborado por Mirubee, una startup española que
comercializa una aplicación para calcular la potencia que necesita cada punto
de suministro, dos de cada diez hogares, casi el 25% de los mismos, tiene
contratada más potencia de la necesaria, lo cual supone que de los 18,3
millones de hogares que hay en España, según el INE, más de 3,6 millones tienen
un contrato inadecuado.
Concretamente, una media de 1,1 Kw de más, lo que supondría
un ahorro si se recortase de 52,82 euros al año por familia. En dicho estudio
de Mirubee destaca el caso de un hogar que con una potencia contratada de 10,35
Kw (a partir de 10, por otro lado, el usuario pierde el derecho a disfrutar del
precio regulado o PVPC) solo llegaba a consumidor picos esporádicos de 4,8 Kw
Lo cual significa que pagaba más del doble de la potencia utilizada, con un
derroche mensual de 25 euros.
