Las comunidades de vecinos, en alerta por el cambio de ley de las antenas de telefonía móvil

La posibilidad de que las operadoras de telefonía puedan solicitar al Ministerio de Industria la expropiación forzosa de azoteas de edificios para instalar antenas, tal y como informó este periódico en su edición de ayer, suscitó un aluvión de llamadas a los colectivos vecinales y a los administradores de fincas de Málaga. Entre los propietarios, la indignación por esta medida era ayer la tónica general; mientras que el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, donde también se dejó sentir el impacto de la noticia, hizo un llamamiento a la calma y aseguró que es una medida excepcional, que nunca se ha utilizado.

«Es demencial, tremendo, un atentado contra la propiedad privada, que por ley puedan implantar una antena, crear servidumbres y molestar a los vecinos es una barbaridad», criticó Ester Ramírez, presidenta de la asociación de vecinos del Centro. «Es un derecho que tienen las operadoras, aunque digan que no se va a utilizar; basta con que tengan interés, aunque no se sabe muy bien si el general o el de quien; es un despropósito». Al tiempo, advirtió de que las cubiertas de los edificios dan muchos problemas de mantenimiento.
José Luis Casado, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, pidió a los ciudadanos que no se alarmen, y recordó que esta posibilidad ya existía en anteriores leyes y nunca se ha utilizado. «Es solo una reserva de caso extremo, de un sitio que se quede sin cobertura y no haya ningún dominio público», aseguró.
Internet como bien común
Preguntado por las facilidades que, según los administradores de fincas, se han dado ahora para hacer las instalaciones, este experto explicó que para la instalación de una antena en un edificio efectivamente no se requerirá una licencia municipal de obra menor, sino que se sustituirá por una declaración responsable. «Pero este cambio en la tramitación no es exclusivo de la Ley General de Telecomunicaciones, sino que se enmarca en el proceso general de simplificación administrativa. Por ejemplo, para la apertura de una tienda también basta con presentar una declaración responsable». Al tiempo, recordó que la ley «sí exige la emisión de informes autonómicos y municipales previos a la aprobación de un proyecto técnico que suponga la expropiación de dominio público».
A su juicio, el acceso a las comunicaciones y a Internet es un bien común, «igual que una carretera», por lo que la ley tiene que prever que en casos extremos haya que expropiar, tal y como indica la normativa europea. Aunque, a renglón seguido, reiteró que los operadores siempre negocian y nunca se ha producido.
En cambio, Casado destacó que la nueva normativa da pasos importantes para favorecer la competencia y reducir las limitaciones administrativas en el despliegue de telecomunicaciones. Así, por ejemplo, se podrá obligar a los operadores a utilizar las canalizaciones y el entubado que ya exista, aunque sea de otra compañía, para no abrir dos veces una calle.
Otra cuestión es que, según este experto, realmente no son necesarios más emplazamientos de antenas en la capital, sino que hay que adecuar los que existen a las últimas tecnologías de acceso a Internet. «En Málaga y el área metropolitana se ha trabajado bastante bien, solo hay momentos de alta afluencia de turistas en verano en los que se satura; pero no se ponen antenas para esos picos porque el resto del año estarían infrautilizadas».