Con tan solo 30 años, sin más mérito profesional que haber creado una modesta empresa de cartas digitales para hostelería —proyecto tan anecdótico como irrelevante en términos de políticas públicas—, este joven ha sido silenciosamente designado como gerente y analista jefe en uno de los departamentos más estratégicos de la compañía: Políticas Públicas, Competencia y Asuntos Regulatorios.
La operación, ejecutada con un sigilo indigno de una democracia madura, tiene todos los ingredientes de un caso paradigmático de nepotismo corporativo-político.
No solo se trata de premiar la proximidad ideológica (estrechamente vinculado al PSOE), sino de blindar intereses mutuos entre quienes deberían velar por el interés general y quienes dominan los resortes del poder económico.
Pero el detalle más grotesco es el intento de camuflaje, refiriéndose simplemente como “Conde”, sin mencionar su nombre completo, como si así pudieran disimular su filiación directa con el presidente del TC. La estrategia es tan burda como insultante.
Este tipo de nombramientos no solo ofenden al sentido común y la meritocracia, sino que erosionan gravemente la confianza ciudadana en las instituciones y en las grandes empresas estratégicas.
¿Cómo puede Telefónica justificar ante sus accionistas y la opinión pública una elección tan descaradamente dirigida? ¿Dónde está el consejo de administración? ¿Dónde la mínima exigencia ética?
Colocar a los hijos y/o allegados de altos cargos en posiciones clave, mientras miles de profesionales cualificados se ven obligados a emigrar o malvivir en la precariedad, no solo es inmoral: es una traición al esfuerzo, al mérito y al país.
Si alguien todavía duda de que vivimos en una partitocracia decadente donde se rinde pleitesía a quien reparte favores desde las alturas, basta con observar esta contratación. Ya no se molestan ni en disimular.
