viernes, 23 de octubre de 2020

¿Sin vuelta atrás?


ABC PREMIUM

El refrendo y el respeto

La segunda ola desborda al SEPE

La agenda de un Gobierno sectario

La semana pasada se produjeron dos hechos que, aunque sean independientes, se comprenden mejor juntos que tomados uno a uno. El miércoles 7, Pedro Sánchez presentó su Plan de Recuperación a los empresarios del IBEX y a los embajadores de la UE. El Plan no había por donde cogerlo, y para colmo el presidente hizo esperar cincuenta minutos a sus invitados. Esto es raro. Dejémoslo así. Más sorprendente todavía: Sánchez, asesorado con seguridad por Iván Redondo, tuvo la ocurrencia de adornar su alocución con el «Himno a la alegría» de Beethoven. No es difícil imaginar el contenido de los despachos que los 27 embajadores han enviado a sus respectivas cancillerías.

Segunda vuelta. El «Neue Zürcher Zeitung», un diario suizo

 reconocido como gran autoridad mundial en relaciones internacionales, publicaba el 9 de octubre un artículo titulado «¿Es España un estado fallido?». Les hago un resumen somero, no sin advertirles antes que el abajo firmante, el economista Friedrich L. Sell, acumula sobre nosotros una información mucho más rica y exacta de la habitual en el «Financial Times» o el «New York Times». Tras pasar revista a los distintos incendios políticos y de todo orden que mantienen a España en estado de combustión, Sell recomendaba que el FMI o el Banco Mundial hicieran un estudio serio de nuestra situación general, precisando qué ayudas habría que presupuestar en cada caso concreto. Esas ayudas deberían ser finalistas: pero además, y el artículo es en esto transparente, resultaría absolutamente necesario someter su ejecución a un seguimiento externo y estricto. Esto suena a una intervención. Solo en esas condiciones procedería (solo entonces sería «responsable», en palabras del autor), que la UE liberase sus fondos. El texto concluía con una cortesía envenenada (España no es «todavía» un estado fallido, aunque le falta poco para serlo), y una apelación a Europa, no lo bastante atenta, según parece, a lo que ocurre al sur de los Pirineos. Textualmente: «Es hora de que Europa despierte».

Que Sell sea alemán no es un detalle para tomarlo a humo de pajas. En primer lugar, Alemania es el poder decisivo en la Unión. Pero hay más. Angela Merkel está en una relación difícil con su Tribunal Constitucional, el cual ha denunciado las larguezas del Banco Central Europeo. La opinión alemana, muy reticente desde hace tiempo en lo tocante a la UE, recibe un día sí y otro también malas noticias sobre los españoles. La pésima gestión de la pandemia ha sido, sigue siendo, piedra de escándalo. El ataque a la independencia de los jueces se verificó antes de que Sell pudiera incluirla en su requisitoria, pero no contribuirá a mejorar nuestra imagen. Reparen en el aviso de la Comisión Europea. El horno, en fin, no está para bollos, y esto se va a notar tarde o temprano. Hablo de los fondos europeos, claro.

Situémonos en la perspectiva de Merkel. O nos deja caer, o acude en nuestra ayuda. Lo primero no es posible sin que se desintegre la Unión. Y lo segundo la colocaría en una posición delicadísima a menos que se obtengan garantías, como pide Sell, de que la administración del dinero reposará en manos más competentes que las españolas. En esa hipótesis, a saber, la de un rescate, o como prefiramos llamar a la cosa, entraríamos en una fase de transición, con un gobierno políticamente desactivado y un futuro enormemente abierto. Esto es muy complicado, dada nuestra crisis constitucional y territorial, y explica, imagino, las vacilaciones europeas. Pero estamos marcados. Tarde o temprano, y no hablo de mucho tiempo, se nos va a interpelar seriamente. Pendemos de un hilo.

¿Qué hace el gobierno mientras tanto? Más disparates, y más gordos cada vez, según la lógica suicida que impulsa a superar un error mediante otro aún mayor. A cada día que pasa, Sánchez tiene más difícil la vuelta atrás. Lo constato sin la menor alegría.

 

 

jueves, 22 de octubre de 2020

Congelación a funcionarios y pensionistas.



Oigo por la radio que nuestro amados Pedro y Pablo, para los amigos míster falcón y el chepas están preparando una bajada camuflada de sueldos y pensiones, aunque según este par de pájaros no es que vamos a perder poder adquisitivo si no que lo vamos a ganar, ósea vamos a mejorar a peor.

Los últimos tiempos los gobiernos socialistas que no progresistas ya que de progreso traen poco, cuando tienen problemas de hucha lo primero que se les ocurre es bajarles el sueldo a los funcionarios y las pensiones a los jubilados, estos son tan malos y tan inútiles que no piensan en bajar el gasto que seria lo lógico, no hay país en el mundo mas derrochón que el nuestro, estos políticos de medio pelo e inútiles no saben a ver otra cosa.

¿Para cuándo propondrán la bajada de sueldos a los políticos? Nunca porque ningún tonto tira piedras a su tejado, son tontos pero no tanto.

La verdad es que seguro que tendremos bajadas, no una si no dos, me explico la primera dejando congelados o bajando los sueldos, y la segunda subiendo los impuestos que no deja de ser otra subida camuflada ya que nuestro poder adquisitivo será dos veces menor.

Una vez destruido todo tendrá que venir como siempre el otro gran partido de la oposición a solucionar los desmanes de los progresistas, como este tiempo de pandemia dure mucho, que el señor nos coja confesados, porque tenemos al gobierno mas zurriburri, zascandil y zángano que ha habido nuca.

Que el Señor nos coja confesados

 

miércoles, 21 de octubre de 2020

Camino de convertirnos en Españezuela.


Tres décadas de maniobras del PSOE para el control ideológico de la justicia

La muerte de Montesquieu

En un juzgado complaciente y al servicio del régimen se ha convertido el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. Desde hace más de 20 años, el chavismo ha ultrajado el Poder Judicial para convertirlo en un sistema politizado, pues muy lejos ha quedado la independencia de poderes y el Estado de derecho propio de las democracias. Esa crisis institucional en el país se debe en gran medida a las manipulaciones del Gobierno chavista para tomar el control de las administraciones públicas, y el máximo órgano judicial no ha escapado de las decisiones inconstitucionales de Hugo Chávez ni de Nicolás Maduro. La magistratura venezolana ha recibido cinco reformas en las dos últimas décadas y cada una ha amañado al TSJ para que cumpla los designios del régimen.

Desde siempre, el régimen chavista ha estado blindado con reformas y leyes habilitantes (especiales) para perpetuarse en el poder a cualquier precio, al punto de exterminar la democracia del país. La independencia de los poderes del Estado comenzó a ser vilipendiada después del fallido golpe de Estado que sufrió Chávez en el año 2002 y que usó como excusa para «reflexionar» en torno al funcionamiento de los poderes del Estado. Chávez no tardó en lograr su objetivo y pronto se hizo con el control de los órganos públicos. Así, la ilegitimidad se ha convertido en el «leitmotiv» del país sudamericano.

Ahora, y con la investigación de Pablo Iglesias a la puerta del Supremo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende presentar una ley que reformará en dos meses la estructura y las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto es, sin duda, una mala señal para quien observa las cuestionadas intenciones desde Venezuela, porque todo ello supone un atentado contra la independencia del Poder Judicial y la pérdida de la democracia como el país sudamericano lo ha vivido en carne propia.

Para la exmagistrada del Supremo venezolano, Blanca Rosa Mármol, la experiencia en Venezuela «es pésima» y ve con preocupación lo que ocurre en España, porque rebajar los requerimientos para elegir los jueces, lo hace más «maniobrable». En declaraciones a ABC, la jurista aseguró que España «está transitando un camino peligroso» por lo que considera necesario que escuche los campanazos de alerta que dispara la comunidad internacional «para que no incurra en el mismo error de Venezuela, porque el peligro está cuando se llega a la libre designación de los jueces sin llenar los requisitos esenciales».

Con la llegada del chavismo en 1999, la Asamblea Nacional redactó una nueva Constitución y declaró al Poder Judicial en estado de emergencia por la desconfianza que tenía el 0,8% de la población del país hacia el tribunal, según una encuesta realizada en 1998 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En total, 419 jueces quedaron destituidos bajo acusaciones que iban desde enriquecimiento ilícito a baja productividad. En el 2000, Chávez reestructuró nuevamente el TSJ, por cierto con las mismas competencias del actual Poder Judicial español, y quedó conformado por diez magistrados chavistas y diez opositores, un equilibrio que años más tarde incomodaría al Ejecutivo.

En 2004, dos años después del golpe de Estado, y después de varios recortes a las libertades de expresión y de violaciones a los derechos humanos, denunciadas además por Human Right Watch, el Gobierno de Chávez presentó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para depurar el sistema judicial por tercera vez. El instrumento legal establecía que, al momento de designar nuevos cargos en la magistratura, era necesaria la mayoría simple (la mitad más uno) de la Asamblea Nacional y no las dos tercera partes como está enmarcado en el artículo 265 de la Constitución de Venezuela. Todo ello trajo consigo polémicas discusiones en el país.

Cinco reformas

La tercera reforma politizó por completo el máximo órgano judicial. El Tribunal pasó de 20 a 32 miembros y el chavismo se hizo con la mayoría. Los nuevos 12 jueces convertirían al TSJ en el bufete de Hugo Chávez, y diez años después lo sería también para Maduro. Así comenzaba a vislumbrarse un régimen antidemocrático y autoritario. Y cinco años más tarde, el Gobierno realizó otra «reestructuración» para aumentar su poder político. El argumento fue «combatir la corrupción, la inseguridad y la impunidad», pero solo el voto de la magistrada Blanca Rosa Mármol fue en contra.

En enero, Maduro configuró un discurso que apuntó hacia la misma dirección que Chávez: consumar la quinta reestructuración del Poder Judicial. El pretexto de esta vez fue «mejorar su ética» y su funcionamiento. «No nos engañemos, hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump, es culpa de nosotros mismos», reconoció al tiempo que pidió a la Asamblea Nacional Constituyente la designación de una «alta comisión» presidida por su vicepresidenta Delcy Rodríguez para ejecutar su petición.

Desde que Maduro asumió el poder, la oposición ha denunciado presiones desde Miraflores hacia el TSJ para destituir a tres diputados indígenas.