La credibilidad de nuestros gobernantes

Dicen los socialistas, “Hablar nunca puede ser malo, siempre es positivo. Y si se desencalla la situación, mucho mejor”. Y yo digo hablar nunca puede ser malo siempre que se haga con transparencia, de cara al pueblo, informando de lo que se trata, cuando son cosas que nos afectan directamente a todos los ciudadanos. Y por tanto a todos nos interesa conocer, para saber a qué atenernos, adonde nos quieren llevar y, no hacerlo de forma secreta para que no nos enteremos de nada, como si fuéramos tontos a los que todo les da igual. Lo cierto es que todos los gobiernos que hemos tenido y tenemos, unos más y otros menos, hacen lo mismo, porque nunca han creído ni quieren la democracia y por eso se comportan como lo que son, antidemocráticos.

Sánchez niega plagio en su tesis y anuncia medidas legales contra los medios.

La verdad es que no lo ponen muy difícil a cualquier ciudadano de este País, con un mínimo de imparcialidad, para que siga dando su confianza a partidos políticos corruptos, desmoralizados, que constantemente nos están engañando, manipulando, mintiendo y utilizando el poder siempre en su beneficio sin importarles para nada los ciudadanos a los que dicen gobernar. Por este camino lo único que veo es que estamos caminando a pasos agigantados hacia la ruina y la desmoralización de la sociedad.

Memoria histórica.

Ahora que tanto se habla de la memoria histórica y de los defectos o virtudes de la transición de un régimen a otro. Desde mi conocimiento y mi punto de vista quiero aportar mi granito de arena a este tema.

Lo bueno de la transición es que se hizo en paz, sin violencia, sin represalias, sin venganzas, ni rencillas o encontronazos ideológicos, entre los que llegaban y los que se sentían obligados a dejar el poder.

Si todo esto se hizo así, según mi conocimiento y punto de vista, es porque había miedo por ambas partes, por los que se sentían obligados a dejar el poder, o dar paso a un nuevo régimen político; miedo a dejar el poder y a las represalias de los que consideraban enemigos del régimen, que pudieran llegar a formar parte del Estado. Y por los políticos opositores al régimen, que también tenían miedo de los que todavía ostentaban el poder y, pudieran actuar contra ellos para conservarlo.

A los políticos que sin duda se tenía más miedo desde el régimen franquista, eran a los comunistas y algunos socialistas en el exilio, no a los nacionalistas ni felipistas o socialdemócratas del nuevo PSOE, que hicieron muy poco o nada contra el régimen franquista. Y que en el caso del nuevo PSOE encabezado por Felipe González y Alfonso Guerra consentidos y protegidos desde antes de que muriera Franco por Carrero Blanco en España, y el alemán Willy Brandt jefe de gobierno y de la socialdemocracia alemana que, dio su apoyo al PSOE de Felipe González; este con el seudónimo de Isidoro se movía tranquilamente por España y toda Europa, a sabiendas de que no corría ningún peligro con los dirigentes del franquismo, porque se sentía amparado, permitido y protegido por el régimen dictatorial, que no lo consideraban peligroso para formar parte de los poderes del Estado. Esto también forma parte de la memoria histórica, que los españoles deberían de conocer, para saber de dónde venimos y adonde nos pueden llevar los dirigentes políticos que tenemos.

Lo malo de la transición fue que, por miedo de unos, partido Comunista, y oportunismo de otros, PSOE y Nacionalistas, dieron paso a un régimen de Monarquía de Partidos y elaboraron una Constitución antidemocrática, llena de incongruencias, que nadie respeta, ni cumple y que muchos partidos, especialmente los de izquierda, quieren cambiar o modificar mirando a sus intereses y no a la libertad política de los ciudadanos. Se repartieron el poder y la tarta del Estado con arreglo a los votos que pudieran sacar en las elecciones, todo ello sin contar con el pueblo, que ha estado y está ausente, al margen de todas las decisiones políticas de nuestro país y que tanto nos atañe, queramos o no, a los ciudadanos. Porque así lo han querido y quieren los políticos que hemos tenido y tenemos desde siempre en España. Con los que han tenido y tienen el poder del Estado.

Ahora los partidos llamados de Izquierda, especialmente PSOE, puesto que es el que gobierna; siguen destapando la caja de los truenos, profundizando en las heridas y rencillas de unos españoles contra otros, como lo hizo Zapatero en su día, cosa que se les da muy bien, remover las miserias del pasado que les interesa a ellos para entretener, engañar y manipular al pueblo. Y alimentando e incrementando el riesgo de la ruptura de la Nación y el Estado, dando más privilegios, competencias y dinero a los nacionalistas como lo está haciendo el gobierno de ZPedro con tal de seguir y mantenerse en el poder.

Entiendo que haya gente de la izquierda en general que, moralmente, no esté contenta con la transición del régimen de Franco al de partidos políticos estatales que tenemos ahora, y que dista mucho de ser democrático, pues ellos fueron junto con los nacionalistas los que mayor mente nos metieron en él, y en las autonomías. Pero lejos de intentar democratizar el país, gobernando con más transparencia, cambiando la ley electoral, para que los ciudadanos puedan elegir directamente a sus representantes y no a través de listas de partidos hechas por sus oligarcas, dando más independencia al poder judicial, retirando la inviolabilidad del jefe del Estado y los aforamientos, de todos los que lo tienen que son muchos. Se dedican a colocarse en puestos claves del Estado y empresas públicas, avivar y abrir heridas del pasado, aumentar las desigualdades entre las regiones y los ciudadanos y aponer en peligro la unidad de España. Esto es lo que hacen los socialistas y los que les apoyan. Posiblemente lo único que saben hacer bien. Nada en favor de la igualdad, la libertad política y la democracia que tengo la impresión de que no la conocen, ni la quieren.

El Gobierno de Sánchez firmó en junio un convenio con la fundación donde trabajará su mujer.

Begoña Gómez, directora del nuevo IE África Center.

Suscrito por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La esposa del presidente seguirá vinculada a la Complutense.

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, firmó el pasado 20 de junio una prórroga del convenio de colaboración entre la entidad pública Casa Árabe y la Fundación Instituto Empresa (IE) donde trabajará la mujer del presidente socialista, Begoña Gómez.

La Fundación del Instituto de Empresa (IE) ha anunciado este miércoles la puesta en marcha del Centro África, un nueva estructura creada para que la mujer del secretario general del PSOE y jefe del Ejecutivo asuma la dirección. Su cometido, según informó el IE, será impulsar la innovación, el liderazgo, el emprendimiento y los proyectos de acción social en el continente africano.

Esta escuela de negocios, de carácter privado, recibe fondos públicos, aunque en un porcentaje reducido, sostiene la organización. Es justo en esa relación con la Administración pública donde se enmarca el convenio prorrogado con el Gobierno tras la llegada de Sánchez a La Moncloa. Si bien el convenio ya había cumplido el año de vigencia estipulado, por lo que podía haber sido extinguido perfectamente, el Ejecutivo socialista optó por ejecutar dicha prórroga del acuerdo, del que surgió el Observatorio de Finanzas Islámicas en España.

Este material servirá sin duda a la esposa de Sánchez en el desempeño de su nuevo trabajo como directora del África Center

El consorcio Casa Árabe resolvió dar publicidad a esta prórroga el 12 de julio y fue publicada como tal por el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 24 de julio. Fue precisamente a finales de julio cuando saltó la noticia de que Begoña Gómez había pedido una excedencia en su puesto de directora de consultaría en externalización comercial del Grupo Inmark en Europa.

Desde Moncloa esgrimen que los contactos entre la esposa del presidente y el Instituto de Empresa respecto a su incorporación a la organización de Diego del Alcázar, marqués de Romana y expresidente del grupo Vocento, son anteriores a la moción de censura.

La prórroga de citado convenio de colaboración la suscribieron Carlos Mas, vicepresidente de la Fundación IE y responsable ejecutivo del fichaje de Begoña Gómez, y el director general de Casa Árabe, Pedro Martínez-Avial, por parte del ministerio de Josep Borrell.

El Gobierno de Sánchez firmó en junio un convenio con la fundación donde trabajará su mujer Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 24 julio.

El Observatorio de Finanzas Islámicas impulsado por la Fundación IE y Casa Árabe –creada en 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero– tiene entre sus funciones la elaboración de un informe anual que ofrece datos sobre el estado de las finanzas islámicas en el mundo, por regiones, y en España, así como información de las distintas iniciativas, programas y proyectos que sobre la cuestión han tenido lugar en los últimos años en este país.

Este material servirá sin duda a la esposa de Pedro Sánchez en el desempeño de su nuevo trabajo como directora del futuro África Center. Por ejemplo, el informe de 2017 señala, entre otras cuestiones, que “en el norte de África, donde la presencia de bancos islámicos ha sido tradicionalmente muy reducida (1% de los mercados nacionales), se han producido algunos avances en los últimos años”.

Así, cita el caso de Túnez donde “se han creado nuevas compañías de seguros y fondos de inversión islámicos” o  Egipto donde “se han aprobado recientemente leyes que regulan la emisión de sukuk”. En cuanto a Marruecos, el informe apunta que tras años de reformas en su marco regulatorio, aprobó a inicios de 2017 las licencias “para la creación de cinco bancos islámicos, o bancos participativos, en su territorio y ya evalúa asimismo la posibilidad de emitir sukuk”. Toda una documentación valiosísima para las tareas que asumirá Begoña Gómez en el África Center del IE.

“Inclusión financiera”

El propio Carlos Mas, vicepresidente de la Fundación IE, afirmó que es una “satisfacción” anunciar la creación del IE África Center, y añadió que el objetivo es apoyar a los líderes del cambio en África, impulsar la innovación, la inclusión financiera y el empoderamiento de las mujeres africanas.

Por su parte, Felicia Appenteng, directora general del IE Fund en Nueva York y del International Advisory Board de IE, presidirá el nuevo África Center, que iniciará su actividad el próximo mes de septiembre.

“IE impulsa proyectos de formación y desarrollo en el continente africano desde hace 10 años. La creación de este centro es un paso más en nuestro compromiso con África, nos permitirá vertebrar todas las acciones en el continente y dotarlas de un marco estratégico”, subrayó Appenteng.

Captación de fondos

Al mismo tiempo, fuentes de Moncloa aseguraron a OKDIARIO que Begoña Gómez continuará vinculada al Máster en Fundraising Público y Privado para Organizaciones sin Ánimo de Lucro –de la que es codirectora desde 2015– en el Centro Superior de Estudios de Gestión de la Universidad Complutense de Madrid.

Nacida en 1975 en Bilbao, Gómez se crió en León y es licenciada en Marketing por la Escuela Superior de Ingenieros Comerciales (ESIC), donde además cursó un máster de Administración de Empresas.

Dedicada a la captación de fondos para ONG, desde 2000 prestó sus servicios en la compañía Task Force, absorbida en 2014 por Inmark Europa que trabaja en el diseño y puesta en marcha de equipos comerciales externos y donde ocupaba hasta la excedencia el puesto de directora de consultoría para la subcontratación con otras empresas.

Exhumación de Franco: El correcaminos de Cuelgamuros.

"Si, como parece, Pedro Sánchez tira de decreto-ley para entrar en el cuadro de honor de la Historia de España y complicar las acciones judiciales de los afectados por la exhumación de los restos de Franco, le hará un flaco favor a la democracia. Ser demócrata es debatir las leyes en el Parlamento. Ser demócrata es no invadir arbitrariamente las competencias del Poder Legislativo y respetar las reglas del Estado de Derecho. Ser demócrata es abstenerse de una política de hechos consumados de imposible reparación posterior por los tribunales de justicia"

El decreto-ley es un instrumento legislativo excepcional y de carácter limitado. Esta peculiar disposición legislativa no disfruta de un contenido libre, pues está cercada por determinados límites trazados por la Constitución. Por ejemplo, no pueden resultar afectadas por decreto-ley las libertades fundamentales de los ciudadanos o el régimen de las comunidades autónomas. Por otra parte, el Gobierno sólo puede recurrir a esta iniciativa en los casos de «extraordinaria y urgente necesidad». La urgencia que demanda la intervención legislativa del Gobierno debe ser tan acuciante que haga vacua e inútil (por su tardanza) la tramitación del procedimiento legislativo ordinario e incluso la del urgente. El límite jurídico binario -«extraordinaria y urgente necesidad»- es el presupuesto obligatorio que habilita al Gobierno para aprobar un decreto-ley.

La legitimidad constitucional del uso gubernativo del decreto-ley depende de su motivación. El Gobierno debe justificar y acreditar la circunstancia de la «extraordinaria y urgente necesidad». Puede cumplir dicho requisito en la exposición de motivos del propio decreto-ley (que es lo más frecuente), en el debate parlamentario de convalidación y/o en el expediente de elaboración de la norma.

Un buen resumen de la doctrina constitucional sobre la validez de los decretos-leyes nos lo ofrece la reciente STC 61/2018, de 7 de junio. Apunte el lector las siguientes notas:

  1º)  El límite jurídico impuesto por la Constitución prohíbe al Gobierno la utilización abusiva o arbitraria del decreto-ley.

   2º)  El Tribunal Constitucional debe verificar (no suplantar) el juicio político o de oportunidad efectuado por el Gobierno.

    3º) Para dicha fiscalización, el Gobierno ha de justificar la «extraordinaria y urgente necesidad» que le obliga a aprobar esa disposición legislativa provisional, y debe hacerlo de manera explícita y razonable. No sólo eso: el Gobierno también resulta obligado a probar la conexión imprescindible que debe ligar la urgencia del momento con las medidas concretas adoptadas. Esta demostración causal repele las fórmulas rituales, retóricas o genéricas.

Han transcurrido muchos años desde aquel 23 de noviembre de 1975 en que fue enterrado en la basílica de El Valle de los Caídos Francisco Franco Bahamonde. Durante todo este tiempo nadie, que yo sepa, ha achacado a la permanencia subterránea del general en el valle de Cuelgamuros la producción de un terremoto, una inundación devastadora o cualquier otra calamidad pública natural. Tampoco he advertido la relación de causa a efecto del entierro del dictador con una hipotética epidemia de cáncer de próstata, un aumento imposible de la deuda pública nacional o la dramática caída de las vocaciones sacerdotales. Nada, en suma, que fuerce al Gobierno a cavar a toda prisa en la tumba de Franco y a sacar de allí sus restos.

Si, como parece, Pedro Sánchez tira de decreto-ley para entrar en el cuadro de honor de la Historia de España y complicar las acciones judiciales de los afectados por la exhumación de los restos de Franco, le hará un flaco favor a la democracia. Ser demócrata es debatir las leyes en el Parlamento. Ser demócrata es no invadir arbitrariamente las competencias del Poder Legislativo y respetar las reglas del Estado de Derecho. Ser demócrata es abstenerse de una política de hechos consumados de imposible reparación posterior por los tribunales de justicia.

Así es la gran familia de los ERE.

 Más de 120 millones para parientes, amigos y políticos socialistas.

El sumario desmonta la teoría de que en el PSOE andaluz nadie se benefició personalmente: hay 18 familiares directos, 85 militantes y 17 amigos

Los expresidentes Chaves y Griñán y los exconsejeros Zarrías y Viera, en el juicio - ABCCASO ERE DE ANDALUCÍA

En el escándalo de los ERE de la Junta de Andalucía, uno de los mayores de la historia de España por el volumen de dinero distribuido irregularmente, se ha extendido la idea de que no ha habido lucro personal por parte de los responsables políticos y que sólo se trata de un modelo ilegal para la concesión de ayudas ideado por el gobierno del PSOE para lograr la paz social en Andalucía. Las defensas de los procesados han derivado el caso a asuntos excesivamente técnicos, como las llamadas transferencias de financiación –que es como se denomina el proceso administrativo de concesión del dinero- y otros conceptos bastante farragosos para la opinión pública. Y con esa estrategia han desviado la atención hacia las antípodas del verdadero fraude que se ha cometido en la Junta durante más de una década. La realidad pura y dura es que sí hubo enriquecimiento por parte de los principales procesados, en unos casos de manera directa y en otros de forma indirecta.

El sumario del caso desvela un sinfín de beneficiarios de estas ayudas que tienen conexiones familiares con quienes las concedían, además de nexos políticos o de amistad. La clave de los ERE no sólo está en que se otorgaban subvenciones saltándose todos los procedimientos legalmente establecidos de publicidad y libre concurrencia, lo que permitía a la Junta dar el dinero a su capricho esquivando todos los controles. También está en que un altísimo porcentaje de las empresas y personas que recibieron las ayudas forman parte de la telaraña clientelar del PSOE: eran familiares, militantes o simpatizantes.

Uno de los miembros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que han llevado a cabo la investigación lo declaró de manera muy nítida en el juicio: «Las ayudas eran opacas y se daban por vecindad, amistad o afinidad política». El agente incluso profundizó: entre los agraciados «hay muchísimos alcaldes socialistas» que se beneficiaron electoralmente en sus pueblos de este riego indiscriminado de dinero y muchos familiares directos de los políticos, mientras que «era imposible que un empresario cualquiera de una almazara de Jaén pudiera conocer» las subvenciones y solicitarlas.

En los ERE hubo una red de conexiones internas que atrapó al menos un tercio del dinero supuestamente destinado a solucionar los conflictos laborales de las empresas andaluzas. Dicho de una manera más clara: se formaron clanes. Familias enteras de socialistas cobrando prejubilaciones de compañías en las que no habían trabajado nunca, empresas de antiguos concejales recibiendo una lluvia de millones, municipios gobernados por el PSOE que obtenían inyecciones económicas que no tenían que justificar… Los dos expresidentes de la Junta implicados, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, estaban al tanto de todo esto porque los interventores alertaron de cuanto estaba sucediendo y porque acudieron a algunos municipios a atender a los sindicatos y aparecen en fotos junto a los conseguidores.

Consejeros como Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Antonio Fernández están en el centro de todo el entramado y beneficiaron a personas de sus respectivos entornos… ABC ha ordenado todos los atestados policiales en los que se detallan las relaciones personales del caso y ha sumado la factura de todas las ayudas destinadas a amigos y familiares. Los datos son muy claros: hay al menos 8 clanes que se traducen, entre prejubilados sin derecho y receptores directos de subvenciones, en 18 parientes, 85 militantes socialistas y 17 amigos declarados de los políticos. En total, 120 personas o empresas del entorno del Gobierno y 127 millones de euros en sus cuentas corrientes, aparte de las comisiones pagadas a las mediadoras y conseguidores, que duplican la cifra y que resumió de la forma más ilustrativa la madre del intermediario Juan Lanzas en su declaración ante la Guardia Civil: «Mi hijo tiene dinero para asar una vaca».

Coincidiendo con el inicio del curso judicial y la reactivación del juicio de los ERE a partir de mañana, este periódico desgranará cada uno de los ocho clanes en los próximos días con todos los detalles sobre parentescos y relaciones de afinidad o amistad. Pero, de entrada, aquí va un avance.