Magdalena Álvarez firmó un convenio de concesión, a la
empresa privada Aventis, de un tramo e la AP7, partiendo de unas previsiones de
crecimiento de tráfico que no se han cumplido, y el Estado tiene que hacerse
cargo de la ruina económica para la concesionaria, porque en el convenio había
una cláusula de compensación que implicaba la desaparición del riesgo para
dicha empresa concesionaria si no se cumplían las previsiones de tráfico.
¿Resultado?: 1.500 milloncejos de dinero público.
Ahora me remonto a solo unos meses atrás:
El gobierno de Aznar adjudicó la concesión de unas
autopistas radiales, con unas previsiones de tráfico que no se han cumplido y
el Estado ha tenido que salir al rescate de la ruina económica para las
empresas privadas concesionarias, haciéndose cargo del "marroncete",
porque en los convenios había unas cláusulas amparadas en lo que se conoce como
Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas (RPAP), que
implica la intervención del Estado para salir al rescate de las deudas las
empresas privadas concesionarias, si no se cumplen las previsiones, es decir,
ausencia de riesgo. ¿Resultado?: 6.500 milloncejos de dinero público.
Como seguramente se me escapa algo relevante, rogaría
explicaciones para entender la diferencia entre ambos escenarios y para saber
si, en el caso de las autopistas radiales, el Consejo de Estado también emitió
informe alertando del riesgo (para el Estado) de esa ausencia de riesgo (para
las empresas) que implicaba esa RPAP., y si hubo ese informe, llegar a la
conclusión de que, a cada uno de los sucesivos gobiernos, hasta el actual, lo
que diga el Consejo de Estado le importa un pepino, un pimiento, un rábano, un
bledo, o se la suda, se la refanfinfla o se la bufa (P.I. dixit).
