El combate que libra Hacienda contra el fraude fiscal marcó
un nuevo récord en Cataluña en el 2015. La delegación especial de la Agencia
Tributaria efectuó 17.600 actuaciones de comprobación e investigación, un 45%
más que en el ejercicio anterior, según fuentes de este organismo. A
consecuencia de estas inspecciones, la citada administración recaudó 2.127
millones de euros, un 7% más que en el 2014. Pese a estos incrementos,
significativos, los resultados son menos espectaculares que los obtenidos en el
conjunto de España y que se dieron a conocer el mes pasado. En el 2015, en todo
el país, se realizaron 107.580 inspecciones, un 8% más que el año anterior.
Estas diligencias lograron hacer aflorar 15.664 millones de euros, que fueron a
las arcas públicas, cifra un 27,2% mayor que la del 2014.
La mayor complejidad que tiene la actividad económica en
Cataluña en comparación con la del conjunto de España –hay más profesionales y
empresas sobre el total de contribuyentes– explica en gran medida esta
disparidad de resultados, según las fuentes consultadas. Así, con más esfuerzo
inspector, la recaudación final no ha crecido tanto. La actividad de
investigación y comprobación sobre los profesionales se incrementó el año
pasado en Cataluña en un 10%, porcentaje de crecimiento que sube hasta el 67%
respecto a los valores del 2013. El control de sociedades y de sus socios
relacionados también se intensificó, quedando el volumen del 2015 un 18% por encima
del 2013. Las mismas fuentes explican que también debe tenerse en cuenta que en
este último apartado, principalmente, se regularizan impuestos no pagados por
particulares por haber depositado parte de su capacidad económica en figuras
mercantiles, cuando en realidad eran de uso personal.
En este sentido, debe recordarse que la de Cataluña es una
de las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria que disponen de una
línea específica de investigación sobre grandes fortunas con efectos sobre los
impuestos de la renta de las personas físicas (IRPF) y sobre patrimonio. En la
misma línea, el año pasado se hicieron 6.587 actuaciones de comprobación
extensiva a sociedades incluidas en el censo de grandes empresas, un 25% más
que en el 2014 y un 57% más que en el 2013.
La persecución de las actividades de mayor gravedad, que
culminan con denuncias por delito contra la Hacienda Pública como consecuencia
de determinados expedientes singulares, incrementó sus resultados en términos
de ingresos de responsabilidad civil (deudas tributarias) en un 271% respecto
al 2014. Más del 18% de estos casos se produjeron como consecuencia de
irregularidades cometidas en el impuesto sobre patrimonio denunciadas por la
Agencia Tributaria.
El 2015 fue el cuarto de aplicación del plan especial contra
la economía sumergida. Entre las medidas llevadas a cabo en este campo,
destacan las que han contado con el apoyo de las unidades de auditoría
informática, que el año pasado participaron en 210 expedientes, especialmente
en la detección de software de ocultación de ventas y en la obtención de
pruebas en general. En el 94% de los casos en que fue necesario, las
inspecciones de estas características recibieron autorización judicial.