A veces, algunas personas insisten y recurren machaconamente
en que el PP es el único partido imputado en caso de corrupción y a partir de
ahí empiezan a lanzar todo tipo de flores contra el oponente político partiendo
de esa situación de imputación. Anteriormente
creo recordar que ya escribí alguna nota comentando qué esta situación de
imputación no tiene más importancia que la que se le quiera dar torticeramente, así que vuelvo a recordarlo.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
(instituciones, empresas...) ya había sido introducida en el año 2010, tanto
por la actuación de sus ejecutivos como en el caso de que no se identificara a
los autores de un delito. (Recuerdo esto porque en la Junta Directiva de una
ONG en la que participaba por aquel entonces tuvimos que hacer un seguro de
riesgo para proteger nuestro patrimonio personal). En aquel entonces no se
incluyeron como responsables a los partidos y sindicatos. Fue a partir de 2012, la Ley Orgánica 7/2012
la que suprimió el privilegio que tenían los partidos políticos y sindicatos y
pasaron a ser responsables penales directos. Esta reforma se llevó a cabo
gracias al exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, precisamente un
dirigente popular.
Sólo eso y solo eso
hace que por ejemplo algunos delitos como Eres, u otros casos de corrupción no estén
imputados los partidos políticos y sindicatos porque la ley que aprobó el
exministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón fue posterior a la fecha de cada caso en cuestión. Anteriormente el delito de
corrupción era el mismo, pero legalmente no se les podía imputar esta a través
de la Ley Orgánica 7/2012.
No merece la pena entrar a enumerar quienes fueron los
partidos políticos que votaron en contra de la reforma por no estar mirando
para atrás una y otra vez.
