La historia es de todos conocida: Telefónica gana por goleada la batalla jurídica para hacerse con el control de VIVO, la filial brasileña de telefonía móvil que cogestiona con PT.
El Gobierno de José Sócrates, unido a ZP por el sólido lazo de la progresía, ha dicho que conjugará la decisión de los tribunales europeos con los intereses de Portugal. En otras palabras, pone en solfa el mercado único y a la mismísima justicia de la UE. El propio presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, asegura que PT debe cumplir la sentencia, es decir, hacer caso del 74% de los accionistas de Telefónica que aprobaron la oferta de 78.150 millones de euros de la operadora.
Pues bien, el Gobierno portugués de José Sócrates se dedica ahora a chantajear a la operadora española. Le exige elevar la oferta por tercera vez, cosa a lo que César Alierta, se niega.
Ahora bien, a estas alturas del proceso, y con el predicamento jurídico de la UE, en TEF se esperaba un cierto apoyo del Gobierno español. Cual ha sido la sorpresa al comprobar que no. Bernardino León, el diplomático convertido ahora en mano derecha de ZP, presiona a Telefónica para que traten con mimo al Gobierno luso. ZP y su segunda, De la Vega, exigen diálogo a Telefónica, con lo que debilitan a la operadora para la negociación. De hecho, el consejero de Telefónica, amigo personal de ZP y socialista acérrimo, Javier de Paz, está quedando un poco mal en la empresa y en Moncloa. En la primera, por razones obvias, en la segunda porque revela la escasa influencia que tiene en Moncloa.
Menos mal que el Tribunal de Arbitraje de la Haya acercó un poco más la victoria a Telefónica en la batalla por el control de Vivo. En una sentencia hecha pública por la corte de Luxemburgo, los jueces fallaron que el ejercicio de los derechos especiales conferidos al Estado luso en Portugal Telecom (PT) mediante las acciones de oro constituye una «restricción a la libre circulación de capitales».
martes, 3 de agosto de 2010
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