Ciertamente las condiciones económicas que amparan a un
exdiputado cuando deja de serlo, y no encuentra trabajo, son bien distintas de
las aplicadas al común de los ciudadanos.
Y no se trata de demagogia, es pura y simple comparativa, es
sencillamente una constatación mas, una más, que lo que damos en llamar
democracia, tiene demasiados visos de cleptocracia.
La exdiputada y exministra de Sanidad Ana Mato (PP) recibirá
53.463,53 euros como ayuda del Congreso por haber dejado de ser diputada y no
tener otro trabajo ni otros ingresos. Un total de 64 diputados de la pasada
legislatura que han dejado de serlo —por no haber sido elegidos el 20-D,
dimisiones y otras causas— se han acogido a la ayuda de 2.813,87 euros brutos
mensuales por cada año de mandato parlamentario a la que tienen derecho y que
otorga el Congreso en concepto de "indemnización por cese" si carecen
de ingresos particulares.
Ana Mato dimitió en noviembre de 2014 como ministra de
Sanidad tras ser señalada judicialmente como "partícipe a título
lucrativo" de los delitos supuestamente cometidos en el caso Gürtel por su
exesposo y exalcalde de Pozuelo (Madrid), Jesús Sepúlveda. La extitular de
Sanidad recibirá la misma cantidad que
el socialista Julio Villarrubia. Los beneficiarios tendrán que renunciar a esta
indemnización en el caso de encontrar un empleo o percibir cualquier ingreso,
ya sea público o privado.
A lista de los 64 exdiputados beneficiarios ha sido
publicada en la web del Congreso y en ella figuran parlamentarios de todos los
partidos. Según el reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones
económicas a favor de los exdiputados, la duración de esta ayuda se fija en
función de los años de dedicación a las Cortes de su perceptor, con un límite
máximo de 24 mensualidades. El importe de esa asignación es de 2.813,87 euros
por cada mes reconocido.
La lista de los 64 exdiputados beneficiarios ha sido
publicada en la web del Congreso y en ella figuran parlamentarios de todos los
partidos. Según el reglamento de pensiones parlamentarias y otras prestaciones
económicas a favor de los exdiputados, la duración de esta ayuda se fija en
función de los años de dedicación a las Cortes de su perceptor, con un límite
máximo de 24 mensualidades. El importe de esa asignación es de 2.813,87 euros
por cada mes reconocido.
La cantidad que recibe cada exdiputado es el resultante de
multiplicar esos 2.813 euros por cada uno de los meses reconocidos por año de
mandato parlamentario. El dinero se cobra mensualmente hasta que se agota la
ayuda.
Entre los beneficiarios con más tiempo asignado de
prestación destacan Isabel López Chamosa (del PSOE, 20 meses), Julio
Villarrubia (del PSOE, 19 meses) y Ana Mato (del PP, 19 meses). El que más
dinero percibirá es el exdiputado del PP Eduardo Gil Lázaro, quien tiene
asignada la ayuda por 24 meses, tras 32 años de labor parlamentaria en el
Congreso. Aquí puedes consultar el listado completo de beneficiarios.
El que fuera candidato a secretario general del PSOE Eduardo
Madina tiene reconocida la prestación para 12 meses, igual que el que fuera
portavoz de IU José Luis Centella, mientras que el exdirigente del PP Alfredo
Prada la podrá disfrutar durante 14 meses. De los beneficiarios, seis ya han
renunciado a ella. Se trata de los exministros socialistas Trinidad Jiménez —ha
cobrado un mes, dado que se ha incorporado a Telefónica— y Jesús Caldera; la
exvicepresidenta del Congreso Teresa Cunillera; el exportavoz económico del PP
Vicente Martínez Pujalte; y los también diputados populares José Miguel
Castillo Calvín y Javier Puente. Rafael Larreina (Amaiur) y Diego López Garrido
(PSOE) son algunos de los exparlamentarios con derecho a menos tiempo de
prestación: cuatro meses cada uno.
El PSOE y Ciudadanos han defendido este jueves el derecho de
los diputados que dejan de serlo a percibir una indemnización por cese
incompatible con ningún otro ingreso, mientras que Podemos ha rechazado que los
parlamentarios disfruten de "privilegios" que están vetados a otros
trabajadores. La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha
indicado que en su partido son favorables a impulsar políticas dirigidas a
"disminuir las desigualdades" y "fortalecer los derechos
laborales de la mayoría trabajadora".
Por eso, respaldan que se eliminen los
"privilegios" a "aquellos que por su posición en la
sociedad" tienden a tenerlos. Así, considera que los diputados deben
"ser un ejemplo para la sociedad" y no deben "disfrutar de
privilegios que de alguna manera son injustos porque no los pueden disfrutar la
mayoría de la ciudadanía", que con sus impuestos son los que financian
este tipo de indemnizaciones por cese.
El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, ha
explicado que los diputados no tienen derecho a prestación por desempleo, por
lo que, si piden la indemnización por cese, es porque no tienen "ningún
otro tipo de ingreso".
Y claro está, aquí no hay gran diferencia entre izquierda y
derecha, tal que no hay ninguna que a pesar de que en los últimos tiempos se
han maquillado algunos privilegios escandalosos, quedan todavía otros
verdaderamente injustos, sin que ningún gobierno de uno u otro signo, con
mayoría o sin ella, los hayan "tocado". ¿De qué nos hablan cuando a menudo se dice
que la política es una vocación de servicio, y otras lindezas de ese tenor?
