La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), aprobada el pasado mes de enero en el Congreso con los votos del PSOE y el PP -y el respaldo de CiU y el PNV-, incluye una modificación del artículo 169 que ha pasado prácticamente inadvertida. En su nuevo apartado 3, afirma: "Los partidos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria de elecciones necesitarán la firma, al menos, del 0,1% de los electores inscritos en el censo electoral de la circunscripción por la que pretendan su elección". Y añade que "ningún elector podrá prestar su firma a más de una candidatura".
Eso significa que 88 de los 98 partidos o coaliciones que presentaron listas en las elecciones generales de 2008 no podrán concurrir a los comicios del próximo 20 de noviembre a menos que antes recojan las firmas del 0,1% de los electores de cada circunscripción, ya que ninguna de esas 88 formaciones obtuvo entonces representación parlamentaria. Los únicos partidos que no tendrán que superar ese escollo en la inminente cita con las urnas son los que lograron al menos un escaño en 2008, es decir: PSOE, PP, CiU, PNV, ERC, IU, BNG, Coalición Canaria, UPyD y Nafarroa Bai.
Pero las trabas a los partidos minoritarios van mucho más allá. Las formaciones que estén dispuestas a recoger las firmas que impone la nueva legislación -y que dispongan de los medios económicos y materiales para hacer frente a esa campaña antes de la campaña- sólo tendrán 20 días para lograr su objetivo. Ese plazo empezará a contar el próximo 27 de septiembre, coincidiendo con la publicación en el Boletín Oficial del Estado del decreto de convocatoria de las elecciones.
Y aún hay más. Una vez recogidas las firmas en cada una de las circunscripciones en las que presenten candidaturas, los partidos deberán llevarlas a un notario para que éste avale su autenticidad. Finalmente, las firmas serán registradas en la Junta Electoral Central. Diversos expertos en procesos electorales consultados por El Confidencial calculan que una formación que aspire a presentar candidaturas en todo el territorio nacional necesitará reunir más de 35.000 firmas e invertir unos 300.000 euros en la campaña de recogida, una cantidad prohibitiva para decenas de pequeños partidos.
Todas estas restricciones no sólo se aplicarán a los partidos que se quedaron fuera del Congreso en los comicios de 2008, sino también a los que tienen intención de presentarse por primera vez, el próximo 20 de noviembre, a unas elecciones generales. Es el caso, por ejemplo, de la formación ecologista Equo que encabeza Juan Ignacio López de Uralde, ex director de Greenpeace España.
De puertas afuera, el PSOE y el PP hacen guiños a los indignados para atraerlos hacia sus siglas con promesas de cambios en un sistema con muchas vías de agua; pero entre bambalinas, casi a escondidas, los dos grandes partidos maniobran para que todo siga igual, o incluso peor. Y la reforma de la ley electoral, una de las banderas enarboladas por el Movimiento 15-M, es un buen ejemplo de ese doble juego.
Mientras los indignados exigen a los principales partidos listas abiertas, circunscripciones únicas y escaños proporcionales al número de votos, socialistas y populares han colado a hurtadillas un párrafo en la nueva legislación electoral para boicotear a los nuevos partidos y a los que no tienen representación parlamentaria con obstáculos que para la mayoría resultarán insalvables. De esta forma, el PSOE y el PP violan el principio de la libre competencia electoral, frenan el pluralismo y consolidan un bipartidismo que les favorece.
