Fernando Simón ha hecho gala de un nuevo ocultismo. Se ha
negado a dar los nombres de las 11 personas, teóricamente técnicos, que
integran el comité de expertos que decide el momento en el que cada comunidad
autónoma puede ir avanzando en las fases de la desescalada. Pero el problema va
más allá de un mero caso de falta de transparencia ya que la Ley General de
Salud Pública regula la obligación de dar a conocer esos nombres a la opinión
pública. Es decir, que esta falta de transparencia viola las exigencias
legales.
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, conocida como Ley General de
Salud Pública, exige de forma expresa esa transparencia. Lo dice en su artículo
11, donde en el apartado ‘Colaboración en salud pública e imparcialidad en las
actuaciones sanitarias’ destaca que «las administraciones sanitarias exigirán
transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales
y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud
pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y
organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos,
convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo».
Mienten, ocultan y prevarican con tantas cosas y con tanta
facilidad que ya se da, y peor aún se acepta como algo normal y licito.
