En los últimos días estamos asistiendo a un interesante
debate sobre los límites de la libertad de expresión y el presunto carácter
delictivo de algunos comentarios miserables y soeces que se vierten en las
redes sociales, sea en tono humorístico, sea con manifiesta intención de
ofender a las personas con innegable odio.
En particular hay dos casos muy concretos encima de la mesa:
por un lado los comentarios repugnantes, ampliamente difundidos en los medios,
de unos cuantos indeseables, que se dicen "defensores de los
animales" (deberían autodenominarse "defensores de las alimañas"
y defenderse a sí mismos), con motivo de la muerte del torero Víctor Barrio,
sobre los que la asociación "Toro de Lidia" ha interpuesto 6 querellas
criminales por injurias e incitación al odio.
Por otro lado, vuelven a la carga los señores magistrados de
la audiencia nacional López y Espejel, pidiendo al juez Pedraz que reabra la
causa contra el ex-concejal Zapata por los chistes soeces e insultantes que
escribió en Twiter hace 6 años contra Irene Villa, tuits de los que, al menos,
el tío gilipollas ya se disculpó y además dimitió de su cargo. El juez Pedraz
ha archivado la causa tres veces y de nuevo los dos magistrados afines al PP
insisten en que se reabra. Están empeñados en ver a Zapata entre rejas.
