Un cataclismo previsto.

El día, 23 de marzo, Juan Luis Cebrián en el diario EL PAÍS, publica un artículo que titula "Un cataclismo previsto", en el que se explaya en unas consideraciones más que interesantes, de entre ellas me permito transcribir algunos párrafos:

Los llantos de cocodrilo de tantos gobernantes, en el sentido de que nadie podía haber imaginado una cosa así, no tienen por lo mismo ningún sentido.    No solo hubo quienes lo imaginaron: lo previeron, y advirtieron seriamente al respecto.    Ha habido sin ninguna duda una negligencia por parte de los diversos ministros de Sanidad y sus jefes, y en Francia tres médicos han presentado ya una querella contra el Gobierno por ese motivo.    La consecuencia es que la mayoría de las naciones occidentales están hoy desbordadas en sus capacidades para luchar contra la epidemia.    Se ha reaccionado tarde y mal.    Faltan camas hospitalarias, falta personal médico, faltan respiradores, y falta también transparencia en la información oficial.    En nuestro caso los periodistas tienen incluso que soportar que sus preguntas al poder sean filtradas por el secretario de Comunicación de La Moncloa.

El 24 de febrero la OMS declaró oficialmente la probabilidad de que nos encontráramos ante una pandemia.    Pese a ello y a conocer la magnitud de la amenaza, ya hecha realidad con toda crudeza en varios países, apenas se tomaron medidas en la mayoría de los potenciales escenarios de propagación del virus.    En nuestro caso se alentó la asistencia a gigantescas manifestaciones, se sugirió durante días la oportunidad de mantener masivas fiestas populares, no se arbitró financiación urgente para la investigación, se minimizó la amenaza por parte de las autoridades, e incluso el funcionario todavía hoy al frente de las recomendaciones científicas osó decir entre sonrisas que no había un riesgo poblacional.

No es momento de abrir un debate sobre el tema, pero es lícito suponer que además de las responsabilidades políticas los ciudadanos, que ofrecen a diario un ejemplo formidable de solidaridad en medio del sufrimiento generalizado, tendrán derecho a demandar reparación legal si hay negligencia culpable.    Cunden a este respecto las dudas sobre la constitucionalidad en el ejercicio del estado de alarma.    Se han suspendido en la práctica, aunque el decreto no lo establezca así, dos derechos fundamentales, el de libre circulación y el de reunión.    No se discute el contenido de las medidas, del todo necesarias, sino la decisión de no declarar el estado de excepción que sí cubriría sin duda alguna dichos extremos, como también la movilización del Ejército.    La impresión dominante es que el Gobierno es prisionero en sus decisiones de los pactos con sus socios de Podemos y los independentistas catalanes y vascos.    En una palabra, la conveniencia política prima, incluso en ocasiones tan graves como esta, sobre la protección de la ciudadanía.

No lo digo yo en un ataque mental de "trifachito", no, lo publica EL PAÍS, órgano oficial y oficioso de la izquierda española durante décadas, y lo seguirá siendo, con lo cual solo me queda, como debe ser, dejar constancia referencial del texto completo del artículo y aquí paz y después gloria.