El día, 23 de marzo, Juan Luis Cebrián en el diario EL PAÍS,
publica un artículo que titula "Un cataclismo previsto", en el que se
explaya en unas consideraciones más que interesantes, de entre ellas me permito
transcribir algunos párrafos:
Los llantos de cocodrilo de tantos gobernantes, en el sentido
de que nadie podía haber imaginado una cosa así, no tienen por lo mismo ningún
sentido. No solo hubo quienes lo
imaginaron: lo previeron, y advirtieron seriamente al respecto. Ha habido sin ninguna duda una negligencia
por parte de los diversos ministros de Sanidad y sus jefes, y en Francia tres
médicos han presentado ya una querella contra el Gobierno por ese motivo. La consecuencia es que la mayoría de las
naciones occidentales están hoy desbordadas en sus capacidades para luchar
contra la epidemia. Se ha reaccionado
tarde y mal. Faltan camas
hospitalarias, falta personal médico, faltan respiradores, y falta también
transparencia en la información oficial.
En nuestro caso los periodistas tienen incluso que soportar que sus
preguntas al poder sean filtradas por el secretario de Comunicación de La
Moncloa.
El 24 de febrero la OMS declaró oficialmente la probabilidad
de que nos encontráramos ante una pandemia.
Pese a ello y a conocer la magnitud de la amenaza, ya hecha realidad con
toda crudeza en varios países, apenas se tomaron medidas en la mayoría de los
potenciales escenarios de propagación del virus. En nuestro caso se alentó la asistencia a
gigantescas manifestaciones, se sugirió durante días la oportunidad de mantener
masivas fiestas populares, no se arbitró financiación urgente para la
investigación, se minimizó la amenaza por parte de las autoridades, e incluso
el funcionario todavía hoy al frente de las recomendaciones científicas osó
decir entre sonrisas que no había un riesgo poblacional.
No es momento de abrir un debate sobre el tema, pero es lícito
suponer que además de las responsabilidades políticas los ciudadanos, que
ofrecen a diario un ejemplo formidable de solidaridad en medio del sufrimiento
generalizado, tendrán derecho a demandar reparación legal si hay negligencia
culpable. Cunden a este respecto las
dudas sobre la constitucionalidad en el ejercicio del estado de alarma. Se han suspendido en la práctica, aunque el
decreto no lo establezca así, dos derechos fundamentales, el de libre
circulación y el de reunión. No se
discute el contenido de las medidas, del todo necesarias, sino la decisión de
no declarar el estado de excepción que sí cubriría sin duda alguna dichos
extremos, como también la movilización del Ejército. La impresión dominante es que el Gobierno
es prisionero en sus decisiones de los pactos con sus socios de Podemos y los
independentistas catalanes y vascos.
En una palabra, la conveniencia política prima, incluso en ocasiones tan
graves como esta, sobre la protección de la ciudadanía.
No lo digo yo en un ataque mental de "trifachito",
no, lo publica EL PAÍS, órgano oficial y oficioso de la izquierda española
durante décadas, y lo seguirá siendo, con lo cual solo me queda, como debe ser,
dejar constancia referencial del texto completo del artículo y aquí paz y
después gloria.
