Con frecuencia algunos grupos políticos llamados de
izquierda y por su puesto los
nacionalistas, se manifiestan en contra del Constitucional o de la
Fiscalía del Estado cuando desde estas instituciones se les impide llevar a cabo
algunas de sus iniciativas legislativas, sobre materias que no son de su
competencia, sobrepasan sus atribuciones o incumplen las leyes del estado de
derecho. A estas cosas, los grupos políticos mencionados lo llaman,
injerencia en la soberanía del
parlamento, que representa a un pueblo, o judicialización de la política, según
el caso. Pero claro, si en España hay diecisiete autonomías, todas ellas con
poder legislativo más las Cortes Generales del Estado. Cabe preguntarse ¿Quién
tiene que ejercer de árbitro, de juez, entre la posible intromisión de unos
parlamentos y otros? ¿Quién tiene que garantizar el estado de derecho, en toda
España? ¿Quién protege al Estado de su posible destrucción y del cumplimiento
de las leyes? ¿Nadie? ¿Que cada parlamento legisle sin límites de competencias
o con las que ellos mismos se atribuyan? ¿Dónde vivimos, en la selva o un
estado de derecho?.
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