Pere Navarro abre el debate sobre si hay que pagar por usar la red de carreteras. Un peaje obligatorio para mantener la infraestructura.
"Las grandes carreteras de Europa ya están hechas. Ahora toca la gestión, mantenimiento y conservación. No nos podemos permitir el lujo de que se nos estropeen", afirmaba hace mes y medio el director general de la DGT, Pere Navarro. El debate quedaba formalmente abierto. Podría ser que, en un futuro no tan lejano, no sólo nos toque pagar el hipergravado litro de gasolina y el impuesto de circulación, sino también una especie de tasa para poder utilizar las carreteras.
La idea no es nueva. La Asociación Española de la Carretera (AEC) ya la había propuesto hace tiempo. Como la red de carreteras es un bien común, que pague más el que más la utiliza. Hasta aquí todo correcto y, aparentemente, de una justicia intachable. En principio, no es de recibo que alguien que no posee automóvil y que se mueve en metro, tren y avión tenga que correr con los gastos de mantenimiento de las carreteras.
Las autopistas de peaje son eso mismo. Paga quien circula por ellas. En España hay cerca de 3.000 kilómetros de autopista de pago, el 60% de los mismos controlados por la empresa Abertis. Los grandes ejes del peaje nacional son el valle del Ebro, la costa mediterránea desde La Junquera a Alicante y los nuevos accesos a Madrid y el País Vasco. Pero en todos los casos hay alternativa. Quien no quiera pagar tiene siempre a su disposición una carretera nacional y, a veces, una autovía gratuita que, por lo general, está cargada de tráfico y tiene un firme en peores condiciones.
El debate, por lo tanto, no es de pago por uso, viejo caballo de batalla de los empresarios del peaje, que no ponen en ningún momento en duda la necesidad de que exista una red pública que se mantenga con dinero de los contribuyentes, sino de pago sin más. La propuesta de la DGT sería cobrar directamente por el uso de las carreteras sin importar que haya o no alternativas, es decir, que recorrer un kilómetro tenga un coste añadido al de la gasolina, el automóvil y el seguro del mismo.
¿Cuántos impuestos pagan los conductores?
La pregunta es saber de dónde viene el dinero con el que se mantiene la red viaria de titularidad pública. Partiendo del hecho de que el impuesto de circulación municipal va dirigido al mantenimiento de las calles y el "alquiler" del espacio que el coche ocupa, las carreteras sólo pueden mantenerse con los impuestos extraordinariamente altos que se pagan al repostar gasolina.
En nuestro país más del 50% de cada litro de combustible va a parar a las arcas del Estado. Los impuestos sobre los carburantes son tan elevados que, si no estuviésemos tan habituados a pagarlos, diríamos que se trata de un impuesto confiscatorio ya que dobla el precio del bien gravado.
Cada litro de gasolina incorpora tres impuestos distintos que se van sumando. El primero es el Impuesto de Hidrocarburos, un lineal de 37 céntimos/litro en el caso de las gasolinas y de 27 céntimos/litro en el caso de los gasóleos. Por hidrocarburos el Estado recaudó en 10.500 millones de euros en 2008. El segundo el llamado Impuesto Especial Ventas Minoristas (IEVM), que consiste, como el anterior, en un importe fijo dependiendo del tipo de carburante. El IEVM le reporta al Estado cerca de 1.000 millones de euros anuales. El tercero, y último, que hay que sumar a la suma de los dos anteriores es el IVA en su tramo del 18% (antes del 16%). Con semejante cóctel fiscal el Gobierno recauda la friolera de 16.000 millones de euros en números redondos.
Pero no es suficiente. El plan de Pere Navarro es hacer llegar hasta las arcas públicas otros 25.000 millones de euros que, según él, garantizarían el mantenimiento y mejora de la red vial. Eso supondría que cada uno de los 47 millones de españoles tendría que aportar 530 euros más. Como no todos conducen, esa cantidad sería mucho mayor. En España hay, aproximadamente, unos 30 millones de automóviles por lo que la cantidad a pagar por automóvil sería de 830 euros por coche.
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