Tres décadas de maniobras del PSOE para el control ideológico de la justicia
La muerte de Montesquieu
En un juzgado complaciente y al servicio del régimen se ha convertido el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela. Desde hace más de 20 años, el chavismo ha ultrajado el Poder Judicial para convertirlo en un sistema politizado, pues muy lejos ha quedado la independencia de poderes y el Estado de derecho propio de las democracias. Esa crisis institucional en el país se debe en gran medida a las manipulaciones del Gobierno chavista para tomar el control de las administraciones públicas, y el máximo órgano judicial no ha escapado de las decisiones inconstitucionales de Hugo Chávez ni de Nicolás Maduro. La magistratura venezolana ha recibido cinco reformas en las dos últimas décadas y cada una ha amañado al TSJ para que cumpla los designios del régimen.
Desde siempre, el régimen chavista ha estado blindado con reformas y leyes habilitantes (especiales) para perpetuarse en el poder a cualquier precio, al punto de exterminar la democracia del país. La independencia de los poderes del Estado comenzó a ser vilipendiada después del fallido golpe de Estado que sufrió Chávez en el año 2002 y que usó como excusa para «reflexionar» en torno al funcionamiento de los poderes del Estado. Chávez no tardó en lograr su objetivo y pronto se hizo con el control de los órganos públicos. Así, la ilegitimidad se ha convertido en el «leitmotiv» del país sudamericano.
Ahora, y con la investigación de Pablo Iglesias a la puerta del Supremo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende presentar una ley que reformará en dos meses la estructura y las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esto es, sin duda, una mala señal para quien observa las cuestionadas intenciones desde Venezuela, porque todo ello supone un atentado contra la independencia del Poder Judicial y la pérdida de la democracia como el país sudamericano lo ha vivido en carne propia.
Para la exmagistrada del Supremo venezolano, Blanca Rosa Mármol, la experiencia en Venezuela «es pésima» y ve con preocupación lo que ocurre en España, porque rebajar los requerimientos para elegir los jueces, lo hace más «maniobrable». En declaraciones a ABC, la jurista aseguró que España «está transitando un camino peligroso» por lo que considera necesario que escuche los campanazos de alerta que dispara la comunidad internacional «para que no incurra en el mismo error de Venezuela, porque el peligro está cuando se llega a la libre designación de los jueces sin llenar los requisitos esenciales».
Con la llegada del chavismo en 1999, la Asamblea Nacional redactó una nueva Constitución y declaró al Poder Judicial en estado de emergencia por la desconfianza que tenía el 0,8% de la población del país hacia el tribunal, según una encuesta realizada en 1998 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En total, 419 jueces quedaron destituidos bajo acusaciones que iban desde enriquecimiento ilícito a baja productividad. En el 2000, Chávez reestructuró nuevamente el TSJ, por cierto con las mismas competencias del actual Poder Judicial español, y quedó conformado por diez magistrados chavistas y diez opositores, un equilibrio que años más tarde incomodaría al Ejecutivo.
En 2004, dos años después del golpe de Estado, y después de varios recortes a las libertades de expresión y de violaciones a los derechos humanos, denunciadas además por Human Right Watch, el Gobierno de Chávez presentó la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia para depurar el sistema judicial por tercera vez. El instrumento legal establecía que, al momento de designar nuevos cargos en la magistratura, era necesaria la mayoría simple (la mitad más uno) de la Asamblea Nacional y no las dos tercera partes como está enmarcado en el artículo 265 de la Constitución de Venezuela. Todo ello trajo consigo polémicas discusiones en el país.
Cinco reformas
La tercera reforma politizó por completo el máximo órgano judicial. El Tribunal pasó de 20 a 32 miembros y el chavismo se hizo con la mayoría. Los nuevos 12 jueces convertirían al TSJ en el bufete de Hugo Chávez, y diez años después lo sería también para Maduro. Así comenzaba a vislumbrarse un régimen antidemocrático y autoritario. Y cinco años más tarde, el Gobierno realizó otra «reestructuración» para aumentar su poder político. El argumento fue «combatir la corrupción, la inseguridad y la impunidad», pero solo el voto de la magistrada Blanca Rosa Mármol fue en contra.
En enero, Maduro configuró un discurso que apuntó hacia la misma dirección que Chávez: consumar la quinta reestructuración del Poder Judicial. El pretexto de esta vez fue «mejorar su ética» y su funcionamiento. «No nos engañemos, hay cosas que están mal y no es por culpa de Donald Trump, es culpa de nosotros mismos», reconoció al tiempo que pidió a la Asamblea Nacional Constituyente la designación de una «alta comisión» presidida por su vicepresidenta Delcy Rodríguez para ejecutar su petición.
Desde que Maduro asumió el poder, la oposición ha denunciado presiones desde Miraflores hacia el TSJ para destituir a tres diputados indígenas.
