Cuando el ministro Juan Carlos Campo habló en las Cortes de
«crisis constituyente», el pasado mes de junio, pudo cometer un lapsus
lingüístico pero no político. Al titular de la cartera de Justicia conviene
escucharlo porque prepara a fondo sus intervenciones y no habla a humo de
pajas, además de porque es el instrumento ejecutivo de la estrategia jurídica
del sanchismo. (La fiscal Dolores Delgado lo es de la judicial, que siendo
paralela y complementaria se desarrolla en un plano distinto). Si Campo anuncia
el trámite de indulto a los presos independentistas, con un «por cierto» como
de arranque imprevisto, no estamos ante una ocurrencia baladí ni un estrambote
repentino: es que se trata exactamente de lo que había ido a decir, del núcleo
del mensaje en sentido estricto. Y si habló de «crisis» o de «debate
constituyente» -en ambos casos dirigiéndose a portavoces del separatismo- hay
que interpretar la existencia de un planteamiento explícito de revisión crítica
del vigente orden normativo.
Basta con prestar atención al orden de los acontecimientos.
Desde aquella declaración parlamentaria se ha producido el emblemático
alejamiento de España del Rey emérito, el blanqueo moral de Bildu como
interlocutor habitual del Gobierno, la presentación de una Ley de Memoria que
supone de hecho la ruptura del pacto de reconciliación sobre el que se
fundamentó la cultura del consenso y, last but not least, la campaña de
cuestionamiento de la monarquía emprendida por los dirigentes de Podemos. Todo
eso no se puede interpretar como una simple táctica de negociación de los
Presupuestos; forma parte de un proceso más o menos planificado de
deconstrucción de la legitimidad histórica, civil y política del actual modelo.
Un proyecto refundador tan evidente en sus términos que ha suscitado en Felipe
González la voluntad de «combatirlo (sic) con las fuerzas que me queden a la
edad que tengo.
En ese contexto, el eventual indulto a los condenados del
procés independentista catalán o la más probable reforma en su beneficio del
tipo penal de la sedición constituye un hito significativo: viene a suponer,
como ha señalado en ABC el profesor Sánchez Cámara, la destrucción del Derecho
en el sentido de admitir que el delito -incluso cometido y sentenciado- no es
delito si se opone al estatus político sobrevenido, que para el adanismo
sanchista parece constituir la única fuente legitimadora de un sistema jurídico
mutable a su capricho.
El presidente no es un hombre de pensamiento estratégico; vive
de la improvisación adaptadiza, de la contradicción desprejuiciada, de la finta
oportunista, de la pirueta pragmática. Su socio Iglesias sí tiene un programa,
basado en un plan de ruptura, un instinto de revancha y una declarada
fascinación por la mitología republicana. Pero de alguna manera, más bien
intuitiva o ensayada sobre la marcha y con la pandemia en el centro de las
preocupaciones ciudadanas, entre ambos ha surgido la complicidad necesaria para
desmantelar la estructura constitucional de forma solapada, recorriendo a la
inversa el ingenioso itinerario diseñado hace cuatro décadas por Torcuato
Fernández Miranda: mediante la creación de un nuevo entramado legal que
habilite en la práctica un desmontaje de la Carta Magna sin necesidad de
abordar el inviable procedimiento requerido para tocar los títulos protegidos
por la «mayoría agravada».
De este modo el bloque Frankenstein, la alianza de investidura
que en principio apuntaba sólo a un inestable acuerdo parlamentario, se va
convirtiendo en un frente contra el 78, en una federación de propósitos
coaligados para liquidar el régimen y establecer unas nuevas bases del Estado.
La pieza esencial de ese designio es por supuesto la Corona, sometida a un
visible estrechamiento de campo que aprovecha el flanco débil de los escándalos
de don Juan Carlos. Sánchez consiente que Iglesias y los secesionistas alienten
el debate antimonárquico para ofrecerse ante Felipe VI como un dique protector
falso que en realidad aísla al Rey en el círculo de un creciente poder
presidencial de carácter cesáreo. Cuando el Gobierno restringe la agenda del
Rey hasta permitirse humillarlo vetando -como esta semana en Barcelona- su
presencia en determinados actos para no incomodar a sus aliados, lo que hace es
convertir su figura en un elemento no ya simbólico, que lo es, sino meramente
decorativo, floral, protocolario. Y le envía el mensaje inequívoco de que tiene
el futuro de la institución en sus manos al erigirse en el único agente de
tráfico capaz de detener o desviar la ofensiva de los republicanos.
El segundo y crucial factor deconstituyente consiste en el
control del poder judicial, a través del asalto a la cúpula de los tribunales.
La Fiscalía del Estado es el instrumento clave, pero no el único porque no
basta para someter la autonomía de los magistrados en sus ámbitos
jurisdiccionales; de hecho existe en la judicatura un malestar cada vez menos
sordo sobre los criterios e instrucciones que el Ministerio Público imparte
respecto a querellas o contenciosos que el Ejecutivo considera ideológica o políticamente
relevantes. El CGPJ, el organismo que decide sobre la carrera profesional, y el
Tribunal Constitucional se han convertido en el objetivo prioritario de
Sánchez, y de ahí la presión que ejerce sobre Pablo Casado para cerrar la
renovación de sus vocales. Pactar la composición del tercer poder del Estado es
abrir la puerta al cambio de régimen, y ambos lo saben; la cuestión es hasta
dónde y hasta cuándo resistirá el jefe de la oposición ese apremio asfixiante.
Si se desploma esa última barrera no permanecerá una sola institución al margen
de la influencia gubernamental y la estructura de las libertades quedará a
merced de un concepto de democracia formal subvertida por el empuje de los
populismos «iliberales».
Esta semana volvió a sonar en el Congreso -y van tres veces-
la amenaza «pasionaria» del líder de Podemos, cuando declaró que el Partido
Popular no volverá a sentarse en el Gobierno. La verdadera memoria histórica
otorga a esas palabras un eco siniestro, pero revelador de lo que está en juego:
la extinción de la alternancia y el dominio perpetuo de medio país sobre el
otro medio. El totalitarismo consiste exactamente en eso.
