Miguel Romero, de 63 años, no sabía la que se le venía
encima cuando decidió buscar trabajo colgando anuncios en las calles de
Barcelona. Viudo y con dos hijos a su cargo, se le ocurrió ponerse a hacer
mudanzas con su furgoneta y decidió anunciarse con unos cartelitos en los que
publicitaba el servicio acompañado de su número de teléfono. El Ayuntamiento de
Barcelona le reclama ahora 156.000 euros por 364 sanciones y los recargos
correspondientes desde la primera multa, en 2010. El Instituto Municipal de “Estoy
desbordado”, reconoció ayer el hombre, que asegura que nunca tuvo noticia de
las sanciones hasta el pasado mes de diciembre. “Si lo hubiera sabido, no
hubiera seguido haciéndolo”, añadió. Colgar carteles en lugares no autorizados
de la vía pública está calificado como una infracción administrativa en la
ordenanza de civismo multada con entre 120 y 750 euros. “Esta cantidad no se paga ni en seis
generaciones”, dijo El Ayuntamiento de Barcelona paralizó ayer los
procedimientos abiertos contra Miguel, el Consistorio da respuesta así a la
recomendación del Defensor del Pueblo.
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