Que Gobierno más explendido.

Días después de congelar las pensiones, el Gobierno autorizó una aportación de 1.400.000 euros de la Tesorería de la Seguridad Social.

Apenas once días después de que el BOE publicara el Real Decreto que, entre otras medidas, «congelaba» las pensiones de seis millones de españoles, muchos de los cuales cobran por debajo del salario mínimo, el Consejo de Ministros acordó el pasado 4 de junio autorizar una aportación financiera de 900.000 euros, por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, para la realización de un «proyecto de cooperación técnica» para la formación de sindicalistas de América Latina. Es decir, que de los fondos del organismo encargado de recaudar las cotizaciones sociales para el posterior pago de las pensiones saldrán 900.000 euros para instruir a los agentes sindicales de Iberoamérica, además de otros 500.000 euros para las «organizaciones de empleadores».

Sorprendente medida si se tiene en cuenta que el dinero partirá de las arcas de la Tesorería de la Seguridad Social, organismo «guardián» de la hucha de las pensiones que se encarga de gestionar la caja única del sistema de la Seguridad Social. Su función principal es la «gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas» que los trabajadores y empresas aportan para garantizar el futuro de las pensiones, por lo que resulta extraño que este servicio común de la Seguridad Social, con personalidad y presupuesto propios, al margen de las cuentas generales del Estado, sea quien financie la formación de los sindicalistas y empresarios de América Latina.

El 28 de julio de 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó, a propuesta del entonces titular de Trabajo, Jesús Caldera, autorizar una aportación financiera de 500.000 euros, a cuenta también de la Tesorería de la Seguridad Social, para la realización de un proyecto idéntico al del pasado 4 de junio orientado al «fortalecimiento de la formación en materia de Seguridad Social, en particular respecto a la viabilidad de los sistemas de protección social de los agentes sindicales en América Latina». La «aportación financiera» aprobada ese día se hizo efectiva con fondos del Presupuesto de la Tesorería de la Seguridad Social en los ejercicios de 2006 y 2007, a razón de 250.000 euros cada año.

El 1 de agosto de 2008, el Consejo de Ministros aprobó el «Acuerdo por el que se autoriza una aportación financiera por importe de 900.000 euros por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social para la realización del programa de cooperación técnica entre el Ministerio de Trabajo e Inmigración, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Iberoamérica de la Seguridad Social (OISS), destinado a la Extensión de la Protección Social en los países de la Subregión Andina».

La aportación por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social se materializó en tres pagos de 300.000 cada uno durante el periodo 2008-2010. Quiere esto decir que desde 2006, y con carácter anual, , del presupuesto de la entidad gestora del Sistema de la Seguridad Social —la misma que se encarga de gestionar y administrar las cantidades dinerarias aportadas por los españoles a través de las cotizaciones sociales de los trabajadores para garantizar la viabilidad futura del sistema de pensiones—han salido ya o saldrán 2. 800.000 euros para los agentes sociales, especialmente sindicatos de Latinoamérica.
Lo sorprendente e inquietante, más allá de la lluvia de millones que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha vertido sobre los sindicalistas iberoamericanos, es que el Ministerio de Trabajo decidiera que fuera la Tesorería General quien hiciera frente a esos pagos, no sólo porque la TGSS tiene estrictamente tasadas sus competencias y funciones, aparentemente incompatibles con la financiación de los agentes sociales de Latinoamérica, sino porque existen organismos como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), dependiente del Ministerio de Exteriores, que cuentan con competencias expresas para llevar a cabo este tipo de ayudas.

Casi tres millones de euros es en definitiva, lo que el Gobierno socialista carga sobre los pensionistas, a cambio les pide que el peso del recorte social, junto a los funcionarios, un «esfuerzo colectivo» para la reducción del déficit público, mientras que el organismo encargado de velar por la viabilidad del sistema de la Seguridad Social, el que administra y gestiona las cotizaciones de los trabajadores y empresas para garantizar el futuro de las pensiones, destina —apenas dos semanas después del «decretazo»— 1.400.00 euros de su presupuesto a los agentes sociales del otro lado del Atlántico para seguir «fortaleciendo» la formación en materia de seguridad social de los sindicatos de Latinoamérica. Para ellos, no hay congelación alguna. Para cinco millones de pensionistas españoles, sí. "SINVERGUENZAS" Políticos de mierda así os muráis todos.