¡Que los políticos se declaren incompetentes!

Que el Constitucional declare su propia incompetencia es imposible. Es un razonamiento lógico insostenible, pero para nuestros políticos todo es posible. Aquí cada cual a lo suyo: yo a mi ascua y tú a tu sardina, en justo y equitativo reparto. Y no me contradigas porque te fulmino con un «no eres competente». Al parecer, en este bendito país, a nadie le concierne nada y todo quisque anda de sutil escaqueo. «No me pillarán», piensa el cernícalo que mete mano en el dinero nuestro. «Y, en cualquier caso, ¿qué me pueden hacer? ¡A mí!». Otra variante de cernícalo ?más abundante? es la que se pasa los días calculando los años que le quedan de escaño y las variables que intervienen en su adecuada colocación en las listas electorales. Y a pesar de su limitado resuello intelectual suele resolver, con pasmosa exactitud, esta extraña ecuación política.

¿Qué hemos hecho para merecer a esta casta política? ¿Dónde, cuándo y quién cometió el pecado original? La penúltima gansada ha tenido como protagonista el Parlament de Catalunya y sus señorías. Éstas, con aire grave y ofendido, han tenido una idea que les parece no ya luminosa sino clarividente: que el Tribunal Constitucional declare su propia incompetencia para fallar sobre el Estatut.

Vaya por delante que en la segunda República y con ocasión de promulgarse la Llei de Contractes de Conreu, que el Tribunal de Garantías Constitucionales declaró no conforme a la ley fundamental, Companys tuvo una idea más tosca pero profundamente irritante. Después de afirmar que «recibiría a tiros» a quienes apadrinaban una solución de compromiso al conflicto constitucional creado, pensó que lo mejor era que el Parlament volviese a votar la ley sin modificar una coma. ¡Toma nísperos! ¡A ver quién se atrevía a dictar una segunda sentencia de inconstitucionalidad! No se atrevió nadie, claro: no hubo ocasión.

La idea de los padres de la patria de hoy, digo, no es otra que la de concluir que el Estatut es conforme a derecho porque lo ha refrendado el pueblo. Esta memez jurídica, evidente incluso a cualquiera que no sea jurista, no impide que los políticos que nos representan la consideren un dogma de fe.

Pero para nuestros políticos todo es posible, absolutamente todo. Por esto les propongo seguir especulando de acuerdo con su propio sistema de razonar: que acudan en tropel y franca compañía, todos ellos, al Parlament y promuevan una propuesta de resolución en la que se declare que los políticos, siendo los únicos competentes para representar al pueblo que los ha elegido, se declaren a sí mismos incompetentes para seguir representándolo. Verás tú lo que nos vamos a reír.